Resumen ejecutivo
La República Dominicana se encuentra en un punto de inflexión: su economía —que promedió un crecimiento del 5 % anual en las últimas dos décadas— cerró 2025 con apenas un 2,5–3 %, mientras la deuda pública ronda el 60 % del PIB y el servicio de esa deuda consume el 24 % de los ingresos fiscales. Esta estrechez fiscal hace que la movilización de capital privado a través de Alianzas Público-Privadas (APP) y concesiones sea no una opción, sino una necesidad estructural.
El marco normativo se ha modernizado de forma significativa: la Ley 47-20 de APP estableció en 2020 el régimen concesional moderno, y la nueva Ley 47-25 de Contrataciones Públicas —vigente desde el 28 de enero de 2026— sustituyó integralmente el régimen anterior, incorporando tipificación penal para prácticas ilícitas, mayor transparencia digital y rendición de cuentas reforzada. Sin embargo, la brecha entre marco regulatorio y capacidad de ejecución sigue siendo el principal obstáculo: a mayo de 2026, solo un proyecto ha sido plenamente adjudicado bajo el régimen estricto de la Ley 47-20 (terminal de cruceros de Arroyo Barril, US$ 62,82 millones), mientras la Autopista del Ámbar aguarda adjudicación tras su primer concurso declarado desierto.
El referente francés —desde las autorités administratives indépendantes hasta el debate sobre la renegociación de la concesión aeroportuaria Aerodom/Vinci Airports (extendida hasta 2060 a cambio de US$ 830 millones en inversiones y US$ 775 millones de canon)— ilustra tanto las mejores prácticas de regulación independiente como las tensiones propias de los contratos de larga duración. La inversión francesa acumulada superior a US$ 6.000 millones convierte este diálogo comparado en un ejercicio especialmente relevante.
Datos clave
Infografía interactiva
Autoridades regulatorias
Marco legal aplicable
Análisis profundo
1. El contexto macroeconómico: por qué la regulación de infraestructura importa ahora
La República Dominicana enfrenta en 2026 una ecuación difícil: mantener un crecimiento superior al 4 % anual con un margen fiscal que el servicio de la deuda (3,7 % del PIB) comprime severamente. El gasto de capital del sector público ha caído del 49,9 % del gasto total en 1990 al 13,8 % en años recientes. El BID estimó en 2021 que se requiere una inversión adicional de 3,6 % del PIB anual (≈ US$ 32.000 millones en diez años) para cerrar la brecha al 2040. Esta restricción convierte las APP y concesiones en instrumentos indispensables.
2. El andamiaje normativo dominicano: fortalezas y brechas de implementación
El marco legal de infraestructura descansa sobre cuatro pilares: la Ley 47-20 de APP; la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas (vigente desde el 28 de enero de 2026, con tipificación penal y publicidad reforzada); la Ley 1-12 (END 2030); y la Ley 16-95 de Inversión Extranjera. La arquitectura institucional (DGAPP-CNAPP-DGCP-MEPyD-CNC) es coherente sobre el papel, pero el Banco Mundial (B-READY 2024) reporta que las economías promedio obtienen 65,5/100 en calidad del marco regulatorio pero solo 49,7/100 en efectividad de los servicios públicos asociados.
3. La Ley 47-20 en la práctica: logros, límites y reforma en curso
Desde su promulgación en febrero de 2020, la Ley 47-20 ha generado un banco de 26 proyectos con inversión estimada de US$ 2.510,7 millones. Solo un contrato ha sido plenamente adjudicado bajo el régimen estricto: la terminal de cruceros Puerto Duarte–Arroyo Barril (Samaná, US$ 62,82 millones). Proyectos emblemáticos como el Aeropuerto Cabo Rojo se estructuraron vía fideicomiso público —no como APP formal—.
La Autopista del Ámbar (Santiago–Puerto Plata, ~US$ 400 millones, 32 km) ilustra los tiempos de adjudicación: su primer concurso (2023) fue declarado desierto; relanzado en noviembre de 2025, al mes de mayo de 2026 participan tres consorcios. La reforma de la Ley 47-20 propuesta en enero de 2026 prevé procedimientos diferenciados por complejidad y un Fondo Especializado de estructuración.
4. Infraestructura logística y portuaria: la apuesta por el hub caribeño
El 65,5 % de las exportaciones dominicanas se canalizan por vía marítima. Los nodos principales son: Puerto Multimodal Caucedo (hub de contenedores y transbordo), Haina Oriental (US$ 4.170,4 M, líder nacional), y el Aeropuerto Las Américas. La inversión público-privada anunciada de US$ 531,5 millones busca consolidar la posición competitiva.
Los cuellos de botella persisten: el LPI 2023 del Banco Mundial sitúa a ALC con 2,7/5,0 (promedio mundial: 3,0), y RD retrocedió respecto a 2018. La escasez crítica de chasis para contenedores genera retrasos sistemáticos.
5. Cooperación franco-dominicana: el modelo de délégation de service public
Francia es el socio estratégico prioritario de RD en infraestructura, con inversión acumulada superior a US$ 6.000 millones. La AFD y Proparco han financiado la ampliación del Metro y el Teleférico de Santo Domingo, el Plan Sierra II y programas de agua y saneamiento. La agenda bilateral se fortaleció en marzo de 2026 con los encuentros Abinader-Macron.
El modelo francés de délégation de service public aporta tres lecciones estructurales: (i) el municipio o el Estado conservan la titularidad y autoridad organizadora del servicio mientras externalizan la gestión operativa; (ii) la depreciación acelerada garantiza que la infraestructura retorne funcional al dominio público al final del plazo; (iii) las cláusulas de confidencialidad no son admisibles en la gestión de bienes de dominio público.
6. El caso Aerodom: anatomía de una renegociación compleja
La concesión de seis aeropuertos estatales operada por Aerodom (Vinci Airports desde 2016) vencía en 2030. En noviembre de 2023, el Gobierno extendió la concesión hasta 2060 mediante un acuerdo que compromete al operador a invertir US$ 830 millones y a pagar un canon directo de US$ 775 millones.
La opción alternativa —rescisión y licitación en 2030— habría implicado indemnizaciones superiores a US$ 600 M. Las críticas al acuerdo incluyen: la utilización de los US$ 775 M para asfaltado urbano; la transferencia de compromisos por 34 años; y las complejidades de fiscalización ilustradas por el apagón de nueve horas en el AILA en 2026.
7. Regulación de sectores estratégicos: electricidad, agua y telecomunicaciones
El sector eléctrico concentra las mayores debilidades estructurales: pérdidas de distribución del ~30 % equivalen a subsidios anuales de aproximadamente US$ 1.800 millones. El sector hídrico registra entre el 45 % y el 95 % de agua no facturada. Las telecomunicaciones requieren mecanismos regulatorios que faciliten la compartición de infraestructura pasiva y activa.
8. Referentes comparados y estándares internacionales
Chile ofrece la referencia más consolidada de la región: más de 30 años de sistema de concesiones del MOP, con 113 proyectos adjudicados por cerca de US$ 28.000 millones. Colombia (Ley 1508/2012, ANI, programa 4G) y Perú (DL 1362/2018, ProInversión) complementan el mapa regional.
Los estándares internacionales de referencia son: los 12 Principios OCDE para APP (2012); las OECD Best Practice Principles for the Governance of Regulators (2014); y el World Bank PPP Reference Guide. El Infrascopio 2024 sitúa a RD con 50,8 puntos (posición 13/26 en ALC), indicando margen de mejora significativo.
Debates actuales
Glosario
- APP
- Alianza Público-Privada. Modalidad contractual de largo plazo en que el Estado y un socio privado comparten diseño, financiamiento, construcción, operación y/o mantenimiento de infraestructura o servicios. Regulada por la Ley 47-20.
- DBFOM
- Design-Build-Finance-Operate-Maintain. Modalidad APP en que el socio privado asume las cinco funciones del ciclo de proyecto. Equivale al marché de partenariat del derecho francés.
- Concesión
- Contrato por el que el Estado otorga a un privado el derecho a explotar una infraestructura o servicio público, transfiriendo el riesgo operativo al concesionario.
- Fideicomiso
- Vehículo jurídico regulado por la Ley 189-11 ampliamente utilizado en RD para la estructuración de proyectos de infraestructura. Clave en el Fideicomiso Pro-Pedernales.
- Captura regulatoria
- Situación en que el regulador actúa preferentemente en interés del sector regulado en lugar del interés público. Se mitiga mediante cooling-off, transparencia, incompatibilidades y rotación de cuadros directivos.
- Valor por dinero
- Principio central de la Ley 47-20 y de los Principios OCDE para APP: una APP solo es justificable si genera mayor beneficio neto para el Estado que la provisión pública directa.
- Pasivos contingentes
- Obligaciones futuras del Estado derivadas de garantías, avales o cláusulas de ingresos mínimos en contratos de APP o concesión, que no aparecen en el presupuesto hasta que se materializan.
- DSP
- Délégation de Service Public. Figura del derecho administrativo francés por la que una autoridad pública externaliza la gestión de un servicio público a un operador privado conservando la titularidad del servicio.
- AAI / API
- Autorité Administrative Indépendante / Autorité Publique Indépendante. Categorías francesas de regulador independiente con autonomía presupuestaria; estatuto unificado por la Loi 2017-55.
- Brecha de infraestructura
- Déficit entre el stock de infraestructura existente y el nivel requerido para sostener el crecimiento potencial. El BID estima para RD una brecha de US$ 32.000 M al horizonte 2040.
- LPI
- Logistics Performance Index. Índice del Banco Mundial que evalúa la eficiencia de la cadena logística en seis dimensiones. ALC promedió 2,7/5,0 en 2023, por debajo del promedio mundial de 3,0.
- B-READY
- Business Ready. Índice del Banco Mundial que sustituyó al Doing Business para medir el entorno de negocios en tres pilares: Marco Regulatorio, Servicios Públicos y Eficiencia Operativa.
- Infrascopio
- Índice de Economist Impact / BID que evalúa la capacidad institucional, regulatoria y financiera de los países latinoamericanos para desarrollar APP. RD obtuvo 50,8 puntos (posición 13 de 26 en ALC) en 2024.
Herramienta Lawra para este tema
Pasa del análisis al borrador. Esta herramienta de IA del Lawra Sectoral Toolkit produce un memorándum técnico aplicado al caso concreto que describas.
Hoja de Ruta APPFuentes y lecturas adicionales
- Ley 47-20 de Alianzas Público-Privadas — Texto oficial
- Reglamento de Aplicación de la Ley 47-20 (Decreto 434-20)
- Plan Nacional de Infraestructura de RD 2020-2030
- Beneficios y riesgos de las APP en RD: retos y perspectivas
- Análisis del proceso de renegociación del contrato con Aerodom
- Gobierno extiende al 2060 la concesión de Aerodom que vencía en 2030
- Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico 2021-2030
- Compromiso Nacional para un Pacto por el Agua 2021-2036
- Decreto 640-20 — Estrategia Nacional de Competitividad
- Infraestructura logística y competitividad global: la apuesta de RD
- RD Country Report 2025-26
- OECD Recommendation on Principles for Public Governance of PPPs (2012)
- OECD Best Practice Principles for the Governance of Regulators (2014)
Pregunta central
¿Cómo deben estructurarse las alianzas público-privadas (APP) para atraer inversión en infraestructura estratégica sin generar dependencia fiscal ni asimetrías de riesgo?
Participantes
- Roger Pujols — Viceministro de la Presidencia para Proyectos Especiales (por confirmar)
- Representante de Aerodom / Vinci Airports — Por confirmar
- Julissa Matías — Directora Legal, Sofratesa
- Annalisa Jáquez Núñez — Socia, Headrick Rizik Álvarez & Fernández · Moderadora
Pregúntale a Lawra sobre este tema
Lawra tiene cargado el corpus de referencia de este panel — datos clave, marco legal, debates actuales y glosario. Pregunta lo que necesites y recibe respuestas ancladas en las fuentes.
Comentarios
Cargando comentarios...