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Conversatorio · 09:00 — 10:00

Desafíos del comercio y la industria dominicana en el contexto global

Visión público-privada con el Ministro de Industria, Comercio y Mipymes Eduardo Sanz Lovatón y el Vicepresidente Ejecutivo de CONEP César Dargam, moderado por Roselyn Amaro Bergés (ADOEXPO).

Resumen ejecutivo

La República Dominicana enfrenta en 2026 su mayor ventana de oportunidad estructural en una generación: las exportaciones de zonas francas alcanzaron US$8,425.9 millones y 200,134 empleos directos en récord histórico, la inversión extranjera directa sumó US$5,032 millones por cuarto año consecutivo de récord, y la apuesta estratégica Meta RD2036 —formalizada mediante el Decreto 337-24— traza el camino para duplicar el PIB real antes de 2036. Al mismo tiempo, el país debe absorber el shock arancelario del 10–15% impuesto unilateralmente por la administración Trump sobre exportaciones cubiertas por el CAFTA-DR, resolver cuellos de botella estructurales en energía, productividad e informalidad (~55% de la fuerza laboral), y actualizar marcos regulatorios que van desde las alianzas público-privadas hasta las telecomunicaciones y el código laboral.

El reordenamiento geopolítico global —tensiones comerciales entre grandes potencias, reconfiguración de cadenas de suministro y aceleración de la transformación digital— coloca a la RD en una posición privilegiada para el nearshoring, pero la ventana es estrecha y disputada. Costa Rica, México, Honduras y El Salvador compiten por el mismo capital. La ventaja competitiva dominicana descansa en la previsibilidad institucional, la conectividad logística (Puerto de Caucedo, hub aéreo Amazon, AERODOM) y, desde febrero de 2026, en la inversión de US$500 millones de Google para construir el primer hub de intercambio digital de América Latina en territorio dominicano.

La conversación público-privada más relevante para 2026 no es «más o menos Estado», sino «qué tipo de Estado regulador para qué economía»: una agenda de previsibilidad regulatoria, transición energética, transformación digital, capital humano y diversificación de mercados —con Francia y la UE como contrapeso estratégico a la concentración del 53.5% de exportaciones hacia EE.UU.— define los ejes del conversatorio. El Seminario Jurídico de la CCIFD es el espacio natural para articular esa conversación entre diplomacia, alta magistratura y liderazgo corporativo.

Datos clave

US$5,032 M
IED en 2025 — cuarto récord histórico consecutivo
BCRD / ProDominicana, enero 2026
US$8,425.9 M
Exportaciones de zonas francas en 2024 (67% del total nacional)
CNZFE / Presidencia de la República
200,134
Empleos directos en zonas francas al cierre de 2025 — récord histórico
MICM, diciembre 2025
53.5%
Concentración de exportaciones hacia EE.UU. — principal vulnerabilidad estratégica
ProDominicana / AmchamDR, 2024
10–15%
Arancel Trump sobre exportaciones dominicanas (subió de 10% a 15% en feb. 2026)
Orden Ejecutiva 14257 / halfwheel, febrero 2026
US$500 M
Inversión Google para primer hub digital de América Latina en RD (Decreto 113-26)
Google / DataCenterDynamics, febrero 2026
55.7%
Informalidad laboral — principal cuello de botella para la productividad agregada
Bertelsmann BTI 2026 / datos oficiales dominicanos
€444 M
Comercio bilateral Francia-RD en 2025 — récord histórico (+17% vs. 2024)
DG Trésor, Francia, 2025

Infografía interactiva

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Autoridades regulatorias

MICM
Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes — ente rector de política industrial, zonas francas y comercio exterior; punto de enlace con la WFZO; promueve la agenda de <em>nearshoring</em> y atracción de IED en sectores de alto valor agregado.
CNZFE
Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación — regula, supervisa y promueve el régimen de zonas francas bajo la Ley 8-90; publica estadísticas anuales de exportaciones, empleo e inversión.
ProDominicana
Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana — agencia de promoción de exportaciones e IED; produce estadísticas de comercio exterior y apoya la diplomacia comercial.
DGAPP
Dirección General de Alianzas Público-Privadas — estructura, promueve y supervisa proyectos APP bajo la Ley 47-20; administra el banco de proyectos de infraestructura, incluyendo la Autopista del Ámbar y el portafolio logístico.
INDOTEL
Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones — regula el sector de telecomunicaciones bajo la Ley 153-98; lidera la modernización del marco legal hacia la neutralidad tecnológica y el despliegue de redes 5G y banda ancha.
BCRD
Banco Central de la República Dominicana — conduce la política monetaria (TPM), publica estadísticas macroeconómicas y de balanza de pagos; recortó la TPM a 5.25% en el segundo semestre de 2025.
Pro-Competencia
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia — vela por la libre competencia en mercados dominicanos; enfrenta el reto de sectores con estructuras oligopólicas y barreras de entrada identificadas por el BTI 2026.
CONEP / AIRD
Consejo Nacional de la Empresa Privada y Asociación de Industrias de la República Dominicana — principales interlocutores del sector privado en el diálogo regulatorio; han exigido previsibilidad, reforma laboral equilibrada y defensa del acceso preferencial a EE.UU.

Marco legal aplicable

Ley 8-90 de Fomento a las Zonas Francas de Exportación
Regula el régimen de zonas francas: exención total de ISR, ITBIS y aranceles; cuatro tipos de zonas (industriales, servicios, fronterizas, especiales); renovación de incentivos sin tope de 20 años para manufactura. Pilar del modelo exportador dominicano.
1990
CAFTA-DR (Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-EE.UU.)
Liberaliza más del 90% del comercio bilateral; cronogramas de eliminación arancelaria culminados al cierre de 2025 (20 años). El arancel del 10-15% de Trump opera por encima del CAFTA-DR, generando un debate jurídico abierto sobre su consistencia con la OMC.
2007
EPA CARIFORUM-UE (Acuerdo de Asociación Económica)
Primer acuerdo comercial recíproco UE-Caribe; cubre bienes, servicios, inversión, propiedad intelectual y contratación pública. RD representa el 22% del comercio total UE-CARIFORUM. La UE fue el primer inversionista en RD en 2024 con US$1,520 millones.
2008
Ley 47-20 de Alianzas Público-Privadas
Marco normativo para iniciación, selección, adjudicación, contratación, ejecución y extinción de APP. Crea la DGAPP y el Consejo Nacional de APP. En 2026 cursa en el Congreso una reforma para reducir tiempos de estructuración, fortalecer capacidad técnica y mejorar la bancabilidad de proyectos.
2020
Ley General de Electricidad 125-01
Marco regulatorio del sector eléctrico dominicano. Enfrenta el reto de una matriz con ~84% de generación fósil, metas de 25-30% renovables en 2025-2030 y un déficit sectorial que el FMI cita como riesgo fiscal contingente.
2001
Ley de Defensa de la Competencia 42-08
Crea la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia) y prohíbe prácticas anticompetitivas. Su aplicación es identificada como inconsistente por indicadores BTI 2026, con sectores que mantienen estructuras oligopólicas.
2008
Ley General de Telecomunicaciones 153-98
Marco regulatorio de las telecomunicaciones dominicanas administrado por INDOTEL. En proceso de modernización integral para 2026, orientada a neutralidad tecnológica, despliegue de redes avanzadas y conectividad de banda ancha.
1998
Decreto 113-26 — Infraestructura Digital de Alta Prioridad Nacional
Declara de alta prioridad nacional la infraestructura digital, los puntos de intercambio y los cables submarinos. Ancla legal del proyecto Google de US$500 millones para el hub de intercambio digital de América Latina.
2026
Ley 1-12 — Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (END 2030)
Marco estratégico de largo plazo del Estado dominicano. Antecede al Plan Meta RD2036 (Decreto 337-24), que la sucede en términos de ambición y horizonte temporal, apuntando a duplicar el PIB real antes de 2036.
2012
Ley 158-01 — Incentivos al Desarrollo Turístico (CONFOTUR)
Régimen de incentivos fiscales para el desarrollo turístico en zonas prioritarias y fronterizas; ha impulsado la consolidación de RD como principal destino turístico del Caribe con 11.2 millones de visitantes en 2024.
2001

Análisis profundo

El momento dominicano en el reordenamiento global

La República Dominicana entra a 2026 como uno de los pocos beneficiarios netos genuinos del nuevo ciclo de nearshoring y reconfiguración de cadenas de suministro globales. El Information Technology and Innovation Foundation (ITIF) describe al país como el que ofrece «posiblemente el entorno de negocios más atractivo de América Latina» para inversión en manufactura avanzada —electrónicos, dispositivos médicos, ensamblaje y prueba de semiconductores. El Observatorio de Complejidad Económica sitúa a la RD en el puesto 59 del Índice de Complejidad Económica (2022), un salto notable desde el puesto 97 en el año 2000.

Sin embargo, la ventana es estrecha y disputada. La disponibilidad de naves industriales en zonas francas se aproxima al 100% de ocupación; la estabilidad eléctrica sigue siendo una restricción operativa; y el talento técnico-bilingüe escasea. La ventaja dominicana no está garantizada: depende de decisiones regulatorias que deben tomarse en los próximos 36 meses, no en los próximos 10 años.

Zonas francas: el motor exportador y sus retos de segunda generación

El régimen de zonas francas, anclado en la Ley 8-90 de 1990, ha sido el mayor éxito de política industrial de la historia dominicana. Con US$8,425.9 millones en exportaciones (67% del total nacional), 200,134 empleos directos —53% ocupados por mujeres—, 94 parques activos y US$7,735.7 millones de inversión acumulada, el modelo ha demostrado su capacidad de generar empleo formal de calidad y divisas.

Los retos de segunda generación son cualitativos. El sector de dispositivos médicos exportó US$2,250 millones en 2024 y consolida a la RD como tercer exportador de América Latina en esa categoría, con empresas como Medtronic, Baxter, Becton Dickinson y Fresenius instaladas en el país. La firma del Memorando de Entendimiento con la Organización Mundial de Zonas Francas (WFZO) en mayo de 2026 amplía la ambición hacia semiconductores, electrónica de alta precisión y servicios TIC. La pregunta es si el sistema educativo y la infraestructura energética pueden acompañar esa transición.

El shock arancelario Trump y la doble lectura

El 2 de abril de 2025 («Liberation Day»), la administración Trump impuso un arancel del 10% a los productos dominicanos a pesar del CAFTA-DR, efectivo desde el 5 de abril. En febrero de 2026, un nuevo techo del 15% bajo la Sección 122 elevó temporalmente la tarifa. La Sección 122 tiene un máximo de 150 días sin autorización congresional, por lo que la situación arancelaria permanece en flux.

El arancel genera dos lecturas simultáneas: una negativa —eleva los costos de acceso al mercado principal (53.5% de las exportaciones) y crea incertidumbre en la planificación de inversiones— y una positiva —la brecha competitiva frente a competidores asiáticos (China 34%, Vietnam 46%, Camboya 49%) se amplía dramáticamente, haciendo a la RD más atractiva para inversionistas que buscan reubicarse desde Asia. El diferencial competitivo depende de mantener el arancel dominicano en el escalón más bajo, lo que exige una activa diplomacia comercial.

Acuerdos comerciales: la arquitectura vigente y sus tensiones

La RD opera con una arquitectura comercial sólida: el CAFTA-DR (vigente desde 2007, con cronogramas de eliminación arancelaria culminados al cierre de 2025), el EPA CARIFORUM-UE (desde 2008, primer acuerdo recíproco UE-Caribe), y una red de Tratados Bilaterales de Inversión con Chile, Francia, Italia, España, Países Bajos, Suiza y otros. La UE fue el primer inversionista en RD en 2024 con US$1,520 millones, y el comercio bilateral RD-UE más que se triplicó desde 2008.

La tensión principal es que el arancel Trump operó unilateralmente por encima del CAFTA-DR, sin derogar el acuerdo pero añadiendo una carga adicional. Este caso abre un debate jurídico abierto sobre la consistencia con las disciplinas de la OMC y el Capítulo 3 del CAFTA-DR, que podría convertirse en litigio si no se resuelve por vía diplomática.

El marco APP y la infraestructura como palanca de competitividad

La Ley 47-20 de Alianzas Público-Privadas (2020) constituye el marco institucional para movilizar inversión privada en infraestructura. El portafolio activo de la DGAPP incluye proyectos de trascendencia regional, entre ellos la Autopista del Ámbar (32 km, Santiago-Puerto Plata, inversión estimada de US$400 millones, concesión a 30 años sin «peaje sombra»), la expansión del Puerto de Caucedo (DP World, US$760 millones para elevar capacidad a 3.1 millones de TEUs), y el Proyecto Hostos (interconexión eléctrica submarina HVDC de hasta 700 MW entre RD y Puerto Rico).

La reforma a la Ley 47-20 que cursa en el Congreso en 2026 busca reducir tiempos de estructuración y adjudicación, y mejorar la bancabilidad de proyectos. La crítica técnica señala que el anteproyecto mejora el instrumento pero no resuelve la asimetría institucional con fideicomisos públicos y contratos de obra tradicionales, que operan con menor transparencia. La inversión pública en infraestructura para 2026 asciende a RD$215,284 millones (~5% del PIB), en línea con la meta que el ministro Montalvo señaló como necesaria para sostener el crecimiento.

Energía: el cuello de botella estructural que limita el nearshoring

Con ~84% de generación eléctrica basada en combustibles fósiles, costos de energía entre los más altos del Caribe para usuarios industriales, y apagones que reflejan problemas sistémicos de transmisión y distribución, el sector energético es el principal cuello de botella para la expansión industrial. La meta gubernamental de 25% renovables en 2025 y 30% en 2030 requiere no solo generación, sino almacenamiento (baterías), modernización de la red de transmisión y un marco regulatorio actualizado.

El FMI cita el déficit sectorial eléctrico como un riesgo fiscal contingente significativo. El gobierno explora la privatización de distribuidoras y un marco para almacenamiento de energía. La inversión en energía representó el 25.2% de la IED en 2024 (segundo sector tras turismo), y DP World comprometió US$31 millones para descarbonizar el Puerto de Caucedo con meta de 70% renovable en 2030. El Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) de la UE, plenamente en vigor desde 2026, añade urgencia a la transición.

La transformación digital: el punto de inflexión Google

La inversión de Google de US$500 millones para construir el primer hub de intercambio digital de América Latina —y octavo del mundo— en la República Dominicana, anunciada en febrero de 2026 y respaldada por el Decreto 113-26, redefine el perfil del país. El hub triplicará los cables directos a EE.UU. y multiplicará por diez los pares de fibra disponibles. La construcción inicia en marzo de 2026 con finalización prevista para principios de 2027.

El director global de infraestructura de Google señaló que países donde se construyen hubs similares han visto incrementos del PIB superiores al 1.5%. El gobierno y el sector privado están alineados en posicionar a la RD como «hub regional de IA, cloud y datos» —un encuadre que requerirá ajustes regulatorios profundos en protección de datos personales, ciberseguridad, propiedad intelectual y fiscalidad digital. La modernización de la Ley 153-98 de Telecomunicaciones por parte de INDOTEL es un componente crítico de esta agenda.

La relación Franco-Dominicana: el eje bilateral del seminario

La Cámara de Comercio e Industria Franco Dominicana (CCIFD), fundada en 1987, con más de 230 empresas miembros y representación de Business France, Bpifrance y Medef International, es el espacio institucional donde se articula la relación económica bilateral. El comercio bilateral Francia-RD alcanzó un récord histórico de €444 millones en 2025 (+17% vs. 2024). Más de 30 filiales de empresas francesas —TotalEnergies, Vinci/AERODOM, Alstom, Thales, Altice, Carrefour, JCDecaux— generan más de 6,000 empleos directos en energía, transporte, telecomunicaciones e industria.

La inversión francesa en 2024 fue de US$163.1 millones según el BCRD (7º emisor), pero la CCIFD estima que el total —incluyendo reinversiones y activos controlados desde otras jurisdicciones— supera los US$6,000 millones. La hoja de ruta AFD 2025-2027, la visita de Abinader al Elíseo en marzo de 2026 y el inicio de obras del Monorriel de Santo Domingo (US$1,000 millones, financiado por el Tesoro francés/AFD) consolidan a Francia como socio estratégico en infraestructura, energía y cooperación institucional. La dimensión jurídica del vínculo —raíces compartidas del derecho francés y dominicano, como expuso el Dr. Milton Ray Guevara en ediciones anteriores del Seminario— añade una capa de profundidad a la relación bilateral que trasciende lo meramente comercial.

Diálogo público-privado: del pacto al co-diseño

La RD ha desarrollado uno de los ecosistemas de diálogo público-privado más institucionalizados del Caribe, con el CONEP como principal interlocutor cúpula, la AIRD representando a más de 200 empresas y asociaciones industriales, ADOZONA para el régimen de zonas francas, y cámaras bilaterales —CCIFD, AmchamDR, EUROCAMARA, AHK— que añaden perspectiva internacional. El Pacto Eléctrico (2021), aunque con ejecución parcial, y el debate sobre un Pacto Fiscal ilustran la capacidad del país para articular grandes consensos sectoriales.

El debate de 2026 es si ese diálogo puede evolucionar de la «consulta» al «co-diseño» de políticas en sectores estratégicos. La agenda transversal —previsibilidad regulatoria, diversificación de mercados, transición energética, capital humano y marco digital— requiere mecanismos de coordinación más ágiles que los tradicionales. Los Encuentros Industriales de la AIRD (como el del 14 de abril de 2026) y el propio Seminario Jurídico de la CCIFD son plataformas donde ese co-diseño puede tomar forma concreta.

Debates actuales

El arancel Trump del 10–15% perjudica la competitividad dominicana y viola el espíritu del CAFTA-DR
<strong>A favor:</strong> El arancel unilateral impuesto por la administración Trump opera por encima de los compromisos del CAFTA-DR, elevando el costo de acceso al mercado estadounidense —destino del 53.5% de las exportaciones— y genera incertidumbre en la planificación de inversiones de largo plazo. Sectores como acero, aluminio y autopartes enfrentan tarifas efectivas superiores al 10%, erosionando márgenes en manufacturas de bajo valor agregado. ADOEXPO y CONEP han demandado una activa diplomacia comercial para mantener al país en el escalón arancelario más bajo. <strong>En contra / lectura optimista:</strong> El 10–15% dominicano sigue siendo de los más bajos del mundo. El arancel asimétrico impuesto a China (34%), Vietnam (46%) y Camboya (49%) amplía la brecha competitiva a favor de la RD en el mercado de nearshoring manufacturero, especialmente para dispositivos médicos, textiles y ensamblaje. Para inversionistas reubicando cadenas desde Asia, la RD ofrece un diferencial atractivo que puede acelerar la captación de IED.
La reforma al Código Laboral debe priorizar la reducción de costos no salariales para formalizar el empleo
<strong>Posición empresarial (CONEP/AIRD):</strong> Con el 55.7% de la fuerza laboral en la informalidad, cualquier reforma que incremente los costos de operación desincentivará la contratación formal y elevará aún más la informalidad. El sector privado aboga por una transformación que estimule la creación de empleo formal, elimine sobrecostos y fortalezca la competitividad frente a competidores regionales. <strong>Posición laboral:</strong> La reforma no puede limitarse a reducir costos empresariales; debe ampliar derechos, mejorar condiciones de trabajo y adaptar el marco legal a nuevas modalidades (teletrabajo, plataformas digitales). La informalidad responde más a barreras de acceso y baja productividad que al nivel de protección laboral. Una reforma regresiva profundizaría la brecha salarial.
La privatización de las distribuidoras eléctricas es condición necesaria para resolver el cuello de botella energético
<strong>A favor:</strong> Con ~84% de generación fósil, apagones sistemáticos (atribuibles a problemas de transmisión y distribución, no solo capacidad), y un déficit sectorial que el FMI cita como riesgo fiscal contingente, el gobierno explora la privatización de distribuidoras como palanca para atraer capital privado, mejorar la eficiencia operativa y acelerar la transición a renovables. El sector empresarial exige estabilidad eléctrica como condición para nuevas inversiones en nearshoring. <strong>En contra:</strong> La privatización sin un marco regulatorio robusto, independiente y con capacidad sancionatoria puede derivar en el traslado de costos al consumidor y la industria sin mejorar la calidad del servicio. La experiencia regional con distribuidoras privatizadas es mixta. El Pacto Eléctrico de 2021 ofrece un marco consensuado que debe ejecutarse antes de recurrir a la privatización.
La reforma de la Ley APP 47-20 resuelve los obstáculos para bancabilidad de proyectos de infraestructura
<strong>Posición gobierno/DGAPP:</strong> La propuesta consensuada presentada en enero de 2026 busca reducir los tiempos de estructuración y adjudicación, fortalecer la capacidad técnica de las instituciones y mejorar la bancabilidad —condiciones necesarias para ejecutar el portafolio de infraestructura exigido por Meta RD2036 (inversión equivalente al 5% del PIB anual). <strong>Posición crítica (sector privado/academia):</strong> El anteproyecto mejora el instrumento pero no aborda el contexto en el que opera: la coexistencia desigual de las APP con fideicomisos públicos y contratos de obra tradicionales que ofrecen menos transparencia y más discrecionalidad. Sin resolver esa asimetría institucional, la reforma será parcial.
La concentración exportadora en EE.UU. (53.5%) es un riesgo estratégico que exige diversificación urgente hacia la UE y Asia
<strong>Posición pro-diversificación:</strong> La volatilidad de la política comercial estadounidense —demostrada por el paso del arancel de 10% a 15% en apenas diez meses— evidencia que la concentración de más de la mitad de las exportaciones en un solo mercado es estructuralmente insostenible. El EPA CARIFORUM-UE y los acuerdos bilaterales con Asia ofrecen plataformas subutilizadas. Francia, como séptimo inversionista en 2024 y socio con €444 millones de comercio bilateral, es la palanca natural para profundizar la relación con la UE. <strong>Posición pragmática:</strong> La diversificación geográfica es deseable a largo plazo, pero la proximidad geográfica a EE.UU. (3 días a Miami), el CAFTA-DR y la escala del mercado estadounidense son ventajas comparativas que ningún acuerdo alternativo replicará en el corto plazo. La estrategia correcta es defender el acceso preferencial a EE.UU. mientras se construyen capacidades exportadoras hacia nuevos mercados.

Glosario

Nearshoring
Relocalización de operaciones productivas o de servicios en países geográficamente cercanos al mercado de destino, para reducir costos logísticos y riesgos de cadena de suministro. La RD compite con Costa Rica, México y Honduras por este flujo de inversión.
CAFTA-DR
Dominican Republic-Central America Free Trade Agreement: tratado de libre comercio entre EE.UU., Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana, en vigor desde el 1 de marzo de 2007. Liberaliza más del 90% del comercio bilateral.
EPA CARIFORUM-UE
Acuerdo de Asociación Económica entre la Unión Europea y los países del CARIFORUM (Caribe), firmado el 15 de octubre de 2008. Primer acuerdo comercial recíproco UE-Caribe; cubre bienes, servicios, inversión y propiedad intelectual.
Ley 8-90
Ley de Fomento a las Zonas Francas de Exportación (1990). Marco jurídico que regula el régimen de zonas francas en RD, otorgando exención total de ISR, ITBIS y derechos arancelarios a empresas exportadoras instaladas en parques autorizados.
APP (Alianza Público-Privada)
Mecanismo de contratación regulado por la Ley 47-20 mediante el cual el Estado dominicano transfiere a actores privados el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de infraestructura o servicios públicos, asignando riesgos al actor mejor posicionado para gestionarlos.
CNZFE
Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación: organismo regulador que supervisa el régimen de zonas francas, emite licencias, controla el cumplimiento de la Ley 8-90 y publica estadísticas anuales de exportaciones, empleo e inversión.
CBAM
Carbon Border Adjustment Mechanism (Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono): instrumento de la Unión Europea que impone un precio al carbono sobre importaciones de sectores industriales con alta huella de emisiones (acero, aluminio, cemento, fertilizantes, electricidad, hidrógeno). Plenamente vigente desde 2026.
IED
Inversión Extranjera Directa: flujo de capital de una empresa o individuo radicado en un país hacia activos productivos en otro, con el objetivo de establecer una presencia duradera. La RD alcanzó US$5,032 millones de IED en 2025, cuarto récord histórico consecutivo.
Meta RD2036
Estrategia nacional de desarrollo de largo plazo formalizada mediante el Decreto Presidencial 337-24, que establece como objetivo duplicar el PIB real dominicano antes del año 2036, requiriendo un crecimiento anual sostenido de al menos 5.5%.
DGAPP
Dirección General de Alianzas Público Privadas: entidad del Estado dominicano responsable de estructurar, promover y supervisar proyectos bajo el marco de la Ley 47-20, desde la evaluación de viabilidad hasta la adjudicación y seguimiento de contratos.
Sección 122
Disposición de la legislación comercial de EE.UU. que autoriza al presidente a imponer aranceles de hasta el 15% por un máximo de 150 días sin autorización del Congreso, invocada por la administración Trump en febrero de 2026 para elevar el arancel a exportaciones dominicanas.
TEU
Twenty-foot Equivalent Unit (Unidad Equivalente de Veinte Pies): medida estándar de capacidad de contenedores en logística marítima. El Puerto de Caucedo manejó 1.7 millones de TEUs en 2024; su expansión proyecta elevar la capacidad a 3.1 millones de TEUs.
INDOTEL
Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones: ente regulador del sector de telecomunicaciones bajo la Ley 153-98. En 2026 lidera la modernización integral del marco legal hacia la neutralidad tecnológica y el despliegue de redes de quinta generación (5G).

Fuentes y lecturas adicionales

Pregunta central

¿Cómo equilibran el sector público y el sector privado los incentivos al crecimiento empresarial con la disciplina regulatoria que el contexto global exige?

Participantes

  • Eduardo Sanz LovatónMinistro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM)
  • César DargamVicepresidente Ejecutivo, Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP)
  • Roselyn Amaro BergésVicepresidenta Ejecutiva, Asociación Dominicana de Exportadores (ADOEXPO) · Moderadora

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