Impacto económico de la regulación

1. Economía de la regulación: fundamentos conceptuales

La teoría económica justifica la intervención regulatoria en cuatro racionalidades principales: el monopolio natural (redes eléctricas, agua, telecomunicaciones fijas, donde los costos medios decrecientes hacen ineficiente la duplicación de infraestructuras), las externalidades negativas no internalizadas (emisiones, contaminación), las asimetrías de información (medicamentos, instrumentos financieros) y los bienes meritorios y derechos fundamentales —la Constitución Dominicana, en su artículo 15, declara el agua “patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable e imprescriptible”.

La crítica seminal de George Stigler (1971) introdujo la teoría de la captura regulatoria: “as a rule, regulation is acquired by the industry and is designed and operated primarily for its benefit”. Acemoglu y Verdier (2000) ofrecen la síntesis moderna: toda regulación implica costos potenciales —incluyendo riesgo de corrupción— pero las fallas de mercado tienen consecuencias suficientemente graves como para que la captura no pueda ser pretexto para no regular. La agenda de la OCDE —Better Regulation, RIA ex ante, evaluación ex post, simplificación, consulta pública— es la respuesta institucional a esta tensión.

2. Arquitectura regulatoria dominicana

La arquitectura regulatoria de la República Dominicana es densa y multinivel: la Constitución reformada en 2024, la Estrategia Nacional de Desarrollo (END 2030, Ley 1-12) como marco de planificación, más de quince leyes sectoriales con sus superintendencias y agencias autónomas, y un nivel transversal de simplificación y calidad regulatoria encabezado por el CNC y el MAP.

La Ley 1-12 organiza la acción estatal en cuatro ejes y 460 líneas de acción evaluadas por 90 indicadores. Su línea 3.3.1.1 dicta explícitamente la construcción de un “Estado pro-competitivo” que reduzca costos, trámites y tiempos de transacción. El Consejo Nacional de Competitividad (CNC, Ley 1-06), presidido directamente por el Presidente de la República, opera como ente transversal público-privado que coordina el programa “RD+Simple” y la Dirección de Análisis Regulatorio (DAR). Un hallazgo clave del análisis DAR: el 60 % de la carga regulatoria sobre empresas y ciudadanos se concentra en apenas 10 trámites administrativos.

La Ley 167-21 de Mejora Regulatoria formalizó el Registro Único de Mejora Regulatoria (RUMR), administrado por el MAP. Su plan piloto de mayo de 2024 involucró a siete instituciones (SIE, INDOTEL, Superintendencia de Seguros, SISALRIL, MICM, Ministerio de Medio Ambiente y Ayuntamiento de Santiago) y puso en prueba dos módulos críticos: la Agenda Regulatoria —que obliga a publicar anticipadamente todas las normas previstas— y el AIR —que exige justificación técnica de costo-beneficio para toda nueva regulación.

3. El sector eléctrico: el costo paradigmático de la regulación incompleta

El sector eléctrico es el ejemplo más citado del costo de una regulación insuficientemente ejecutada. La Ley 125-01 creó la SIE y la CNE, y la Ley 186-07 tipificó el fraude eléctrico como delito, pero la implementación ha sido históricamente débil. En 2024, las tres distribuidoras (Edenorte, Edesur, EdeEste) registraron pérdidas del 42,2 % —la cifra más alta en 15 años— de los 20,390 GWh comprados: 7,674 GWh no facturables y 4,6 % facturado pero no cobrado.

El subsidio estatal al sector pasó de un promedio de RD$40,597 millones anuales (2016-2020) a RD$106,542 millones en 2024, un incremento del 162,4 % (DIGEPRES). Estimaciones conservadoras sitúan el déficit del sector eléctrico en aproximadamente el 50 % del déficit fiscal nacional. El FMI, en su evaluación de noviembre 2025, consideró “imprescindible” la implementación completa del Pacto Eléctrico.

En el otro lado del balance regulatorio, la CNE ha atraído inversión de primer nivel: en julio de 2025, TotalEnergies firmó un acuerdo para adquirir el 50 % de AES Dominicana Renewable Energy (ADRE, cartera de más de 250 MW solares y eólicos); en agosto de 2024, la SIE autorizó a la empresa francesa Akuo Energy a adquirir el proyecto Energía Solar del Este Cabreto I (50 MW). La Resolución CNE-AD-0005-2024 sobre sistemas BESS (almacenamiento en baterías) responde al desafío de integrar energía intermitente en la red. La meta es alcanzar un 30 % de energía renovable en la matriz para 2030.

4. Turismo: la regulación como catalizador de inversión

El turismo ilustra el efecto opuesto al eléctrico. La Ley 158-01 y su modificación por la Ley 195-13 establecen el régimen CONFOTUR, que otorga exención completa de ISR, ITBIS, aranceles de importación, IPI y transferencia inmobiliaria durante 15 años desde la terminación de la construcción. Este paquete reduce el costo inicial de construcción entre un 30 % y 40 %.

Los resultados son inequívocos: 11,19 millones de visitantes en 2024 (103,7 % de la población; la RD es el líder regional en visitas per cápita), ingresos turísticos de US$10,970 millones (8,8 % del PIB), contribución total al PIB del 16,1 % según el WTTC, multiplicador económico de 2,88 y 893,000 empleos proyectados para 2025. La IED turística representó el 28,4 % del total nacional en 2024. Entre 2023 y 2024, CONFOTUR aprobó 117 proyectos por US$5,411 millones.

5. Zonas francas y sistema financiero: regulación que consolida ventajas competitivas

La Ley 8-90 creó el régimen de zonas francas gestionado por el CNZFE. Con 94 parques en operación en 2024 y una inversión acumulada de US$7,735 millones, las exportaciones de zonas francas alcanzaron US$8,425,9 millones en 2024, el 60,7 % del total de exportaciones de bienes dominicanas. Los sectores líderes por valor son productos médicos (25,1 %), tabaco (24,7 %) y confecciones (9,9 %). Los aportes al Estado en 2024 superaron RD$23,354 millones en servicios, principalmente seguridad social y energía.

El sistema financiero, regulado por la Ley 183-02, exhibe un índice de solvencia del 18,4 % frente al mínimo regulatorio del 10 %, activos de RD$3,971 billones (53,6 % del PIB) y una morosidad de apenas 1,92 %. La Superintendencia de Bancos ha impulsado una agenda de digitalización que elevó la confianza en banca móvil del 62 % al 91,3 % entre 2022 y 2025. En 2025 se registraron 322,596 cuentas abiertas 100 % digitalmente. El marco de regulación fintech incluye sandboxes regulatorios (Circular 004-23) y verificación digital de documentos (CSB-REG-202400010).

6. Mejora regulatoria e impacto en la competitividad: el modelo OCDE

La OCDE ha consolidado una agenda de calidad regulatoria centrada en el RIA (Regulatory Impact Assessment) ex ante, la consulta pública, la evaluación ex post, la simplificación administrativa y la cooperación regulatoria internacional. Los indicadores clave son los Worldwide Governance Indicators del Banco Mundial (que incluyen “Regulatory Quality”), el B-READY (sucesor del Doing Business, que cubrirá 180 economías hacia 2027, con la RD en las próximas ediciones) y el PMR (Product Market Regulation, que aún no incluye a la RD pero será parte del proceso de adhesión OCDE).

El Memorándum de Entendimiento RD-OCDE firmado el 24 de marzo de 2026 en París, junto con el Decreto 408-25 que declara de interés nacional la adhesión, constituyen el compromiso formal más importante de convergencia regulatoria. Las reformas pendientes prioritarias son: completar el Pacto Eléctrico, aprobar la nueva Ley ANACE de competencia, sancionar la Ley General de Agua, fortalecer el AIR/RIA y completar el proceso de adhesión plena.

7. El modelo francés y la relación bilateral

Francia ofrece el referente institucional más citado para la modernización regulatoria dominicana: una arquitectura de agencias administrativas independientes por sector — CRE (energía), ARCEP (telecomunicaciones y prensa), ACPR (banca y seguros), AMF (mercados de valores), Arcom (audiovisual) y Autorité de la concurrence (competencia, consolidada por Ley LME de agosto de 2008). Cada uno tiene su equivalente dominicano emergente (SIE/CNE, INDOTEL, SB/SS, SIMV, CONATEL, Pro-Competencia/ANACE).

La presidenta de ARCEP, Laure de La Raudière, ha sintetizado la lógica del modelo: “Notre rôle est de garantir l'ouverture et la compétitivité du marché, pas de réguler le marché de détail.” En el plano económico bilateral, Francia tiene un stock acumulado de IED superior a US$6,000 millones en la RD; en 2024 el flujo fue de US$163,1 millones (séptimo/octavo inversor). La deuda bilateral con Francia asciende a US$1,334 millones (julio 2025), de los cuales US$1,294,9 millones corresponden a la AFD. Empresas francesas directamente involucradas en los marcos regulatorios del Seminario: TotalEnergies y Akuo Energy (sector eléctrico renovable), Vinci Airports/Aerodom (concesión aeroportuaria con extensión de 30 años a partir de 2023), Sanofi (farmacéutico regulado por DIGEMAPS), CMA-CGM (logística), Accor y Club Med (turismo/CONFOTUR).